El expresidente Donald Trump, recién reinstalado en el cargo, ha desatado una nueva controversia al firmar un decreto ejecutivo que busca limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La medida, que pone en la mira a hijos de migrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense, ha generado intensas reacciones y ya enfrenta un desafío en los tribunales.
El decreto y su alcance
Trump argumenta que su acción es necesaria para frenar lo que califica como “abuso del sistema migratorio”. El decreto busca reinterpretar la Enmienda 14 de la Constitución, que desde 1868 garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos. Según la administración, el objetivo es evitar que hijos de migrantes sin estatus legal obtengan automáticamente la ciudadanía, una práctica que Trump considera una “brecha legal”.
El decreto no tiene precedentes y choca directamente con la interpretación tradicional de la Enmienda 14, lo que ha llevado a expertos legales a calificarlo de inconstitucional. Inmediatamente tras su anuncio, grupos pro derechos civiles y abogados especializados presentaron una demanda federal para bloquear la implementación de la medida.
Reacciones nacionales
La medida ha desatado un debate polarizado en el país. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos de defensa de los derechos de los migrantes han calificado la acción como un ataque directo a la Constitución.
“Esto no es solo una cuestión de derechos migratorios, sino de derechos fundamentales garantizados a todos los nacidos en suelo estadounidense”, afirmó un representante de la ACLU en un comunicado.
Por otro lado, simpatizantes de Trump consideran la medida un paso necesario para reforzar la seguridad nacional y proteger los recursos públicos. Legisladores republicanos han aplaudido el decreto, señalándolo como un reflejo del compromiso del presidente con sus promesas de campaña.
Impacto internacional
El decreto también ha generado tensiones diplomáticas, especialmente con México y otros países de América Latina. Líderes de la región han expresado su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en las familias binacionales y han instado a la administración estadounidense a reconsiderar.
El camino legal: una batalla en los tribunales
El futuro de esta medida dependerá en gran medida de los tribunales. Expertos legales predicen que el caso podría llegar rápidamente a la Corte Suprema, que actualmente cuenta con una mayoría conservadora. Aunque algunos analistas creen que la Corte podría estar dispuesta a revisar el caso, otros argumentan que es poco probable que respalde un decreto que desafía abiertamente el texto constitucional.
¿Qué sigue?
Mientras el decreto enfrenta su primera batalla en los tribunales, Trump ha dejado claro que no planea retroceder. En un mitin reciente, defendió la medida como un acto de “justicia para los ciudadanos estadounidenses” y prometió continuar impulsando reformas radicales en materia migratoria.
La decisión de Trump marca el inicio de un nuevo capítulo en el debate migratorio en Estados Unidos, uno que promete ser tan divisivo como influyente en el futuro del país.
