Casi cuatro meses después de las disputadas elecciones presidenciales en Venezuela, Estados Unidos reconoció oficialmente al opositor Edmundo González Urrutia como “presidente electo”. El secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que “la democracia exige respeto a la voluntad de los votantes”, respaldando los resultados que otorgan a González Urrutia el 67% de los votos, según actas publicadas por la oposición.
El proceso electoral del 28 de julio provocó una profunda crisis política. El Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor al actual mandatario, Nicolás Maduro, sin divulgar resultados detallados ni realizar auditorías. Esto desató protestas masivas que llevaron a la detención de al menos 1,800 personas, incluidas menores de edad, según Foro Penal.
Mientras tanto, González Urrutia, en el exilio en España, enfrenta un proceso penal impulsado por el gobierno de Maduro, que acusa a la oposición de fomentar el desorden. María Corina Machado, también perseguida judicialmente, permanece en la clandestinidad.
A pesar de las críticas internacionales y la liberación reciente de algunos detenidos, el gobierno venezolano insiste en que las elecciones fueron transparentes y que las acciones legales en curso están enmarcadas en la ley.
