Daniel Blackman, aspirante demócrata al Distrito 3 de la Comisión de Servicios Públicos (PSC) de Georgia, cambió su dirección oficial a un apartamento en Midtown Atlanta en octubre de 2024, apenas cumpliendo con el requisito legal de residir 12 meses en el distrito antes de las elecciones. Sin embargo, registros indican que votó en el condado de Forsyth en noviembre y pagó impuestos sobre una propiedad en esa área durante el mismo mes.
Blackman, exadministrador regional de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) bajo la administración Biden, argumenta que su mudanza no fue únicamente política, citando razones profesionales y familiares, como la cercanía a la oficina de la EPA y la inscripción de dos de sus hijos en universidades de Atlanta.
Con una trayectoria previa en campañas electorales, incluyendo una contienda cerrada por el Distrito 4 del PSC en 2020, Blackman enfrenta ahora a tres oponentes demócratas en las primarias del 17 de junio. Ni el actual comisionado republicano Fitz Johnson ni otros candidatos han comentado sobre la situación.
Este caso resalta las complejidades legales y éticas en torno a los requisitos de residencia para cargos públicos en Georgia, generando debate sobre la interpretación y aplicación de estas normativas.
